La Justicia estadounidense confirma la multa de 128 millones de euros contra España para compensar a dos compañías las inversiones perjudicadas por la retirada de apoyo a las energías renovables. Estos recortes comenzaron con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y siguió con el de Mariano Rajoy en 2013. Aun así, quedan otras 26 denuncias similares contra España en el aire por estos mismos recortes.
El Tribunal Federal del distrito Sur de Nueva York confirma que el recorte del gobierno en energías renovables ha sido ''excesivo, abrupto y devastador''. España recibió la sentencia de la multa de 128 millones de euros un día después de su publicación. Además, el gobierno quiere introducir una enmienda en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este año amenazando con subir la factura luz.
Si esto transcurre así, si se registra un superávit anual, el coste se pagará con ese excedente, lo que evitará que se amortice a mayor ritmo la deuda acumulada de años anteriores y evitará que baje el recibo. Si hay déficit, el nuevo coste obligará a incrementar la factura eléctrica, siendo esta segunda la más probable.
En 2013 las compañías Eiser Infraestructure y Energía Solar Luxembourg, filial de la primera, denunciaron al gobierno de España ante el Banco Mundial por la retirada de subvenciones para las plantas fotovoltaicas en España. Aunque la inversión debía haber sido de 935 millones, las empresas reclamaron 300 millones al estado español. Finalmente, la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (Ciadi) decidió que la sanción será de 128 millones.
Las ayudas a las renovables fueron implementadas en 2007, siguiendo una directiva europea sobre cambio climático y situando a España como líder en este aspecto. En 2013, se anularon completamente con la reforma eléctrica, cambiando a los inversores las normas en pleno partido. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que desde entonces el recorte en renovables asciende a 1.700 millones de euros al año.
Desde el gobierno español se teme que esta sentencia sirva de precedente ante las otras 26 denuncias pendientes de empresas que emprendieron acciones legales por el mismo motivo.
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