La política operativa más conservadora impuesta por Red Eléctrica tras el apagón del 28 de abril empieza a traducirse en facturas más abultadas para los consumidores. Gana Energía, comercializadora propiedad de Repsol, ha comenzado a aplicar un recargo del entorno del 6 % a sus clientes minoristas para cubrir el aumento de costes técnicos del sistema. Este sobrecoste, estimado en 73 euros anuales por hogar, se vincula directamente con la nueva estrategia de seguridad del operador del sistema.
¿Qué ha cambiado desde el apagón?
Tras el peor incidente eléctrico de los últimos años en la Península, Red Eléctrica ha optado por operar con más generación de respaldo (principalmente ciclos combinados) y menos peso renovable en tiempo real, lo que ha provocado un aumento abrupto en el coste de los servicios de ajuste. Este concepto —habitualmente invisible para el usuario final— se ha disparado en pocos años: de 7,82 €/MWh en 2022 a 27,52 €/MWh en 2025, un incremento del 351 %.
Estos servicios, que remuneran la disponibilidad de centrales que no siempre vierten energía pero que están listas para actuar, se han convertido en un factor de presión financiera para comercializadoras como Gana Energía. Según la empresa, la subida no es un caso aislado: otras comercializadoras ya han ajustado precios o lo harán en breve.
Una medida controvertida: ¿pueden repercutirse estos costes?
Desde el sector, algunas voces señalan que estos recargos deberían asumirse dentro del riesgo operativo de las propias comercializadoras, especialmente si no cubren este tipo de costes en sus contratos de compra. En este sentido, se cuestiona si es legítimo trasladar estos incrementos al cliente final sin una renegociación previa. No obstante, Gana Energía asegura operar con márgenes ajustados y justifica el recargo como necesario para no incurrir en pérdidas.
En su comunicación al cliente, la compañía advierte de que espera que esta situación sea temporal, y que se revisarán las tarifas cuando Red Eléctrica reduzca su exigencia de respaldo. Además, ofrece a los usuarios la opción de rescindir el contrato sin penalización.
Impacto en el sector y tensiones con las grandes eléctricas
El movimiento ha generado malestar entre las comercializadoras independientes, que ven en este nuevo escenario una amenaza para su viabilidad. Algunas reconocen haber cerrado mayo con pérdidas operativas, ante un coste de ajuste imprevisible y sin horizonte definido. Denuncian que las grandes eléctricas, con capacidad para generar y cobrar por esos servicios, se benefician doblemente: como generadoras (vía ingresos por disponibilidad) y como comercializadoras (con mayor músculo para absorber costes).
Además, critican la falta de transparencia y previsión del operador del sistema y del propio Gobierno, al no haber explicado aún cuánto tiempo se mantendrá esta operativa reforzada, ni si habrá mecanismos de compensación o reequilibrio.
Sumar lleva el caso al Congreso
Ante la creciente inquietud, el grupo parlamentario de Sumar ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para que el Ministerio para la Transición Ecológica aclare por qué estos sobrecostes recaen en los pequeños consumidores. La formación cuestiona si no deberían ser asumidos por los grandes actores del sector, y alerta del riesgo de que esta situación suponga miles de millones de euros en recargos estructurales si no se resuelve con rapidez.
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